La deplorable situación del Sáhara Occidental

La situación del Sáhara Occidental no puede ser comprendida en su totalidad sin

retrotraernos a su génesis, a ese momento fundacional en el que se sentaron las bases de la

tragedia que hoy se representa en las arenas del desierto. Nos encontramos ante una herida

supurante en el flanco sur de Europa, un paradigma de descolonización fallida y un

monumento a la hipocresía de las relaciones internacionales. El Sáhara Occidental es, en

esencia, el testamento de una traición, un acto de ignominia perpetrado por el Estado

español en los estertores del régimen franquista, cuyas consecuencias deletéreas se

proyectan hasta nuestro presente.

España, como potencia administradora de iure del territorio, tenía una obligación

sacrosanta, emanada no solo de la moralidad más elemental sino del propio derecho

internacional encarnado en las resoluciones de las Naciones Unidas: garantizar al pueblo

saharaui el ejercicio de su derecho inalienable a la autodeterminación. Este principio, pilar

fundamental del ordenamiento jurídico post-colonial, fue pisoteado sin miramientos en

1975. En un contexto de debilidad interna, con el dictador agonizando y una Transición

incipiente y plagada de incertidumbres, el gobierno español sucumbió a las presiones y optó

por la vía de la cobardía geopolítica. Los infames Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados

el 14 de noviembre de 1975 con Marruecos y Mauritania, constituyen la materialización de

esta claudicación. Mediante este pacto, España no transfirió la soberanía (algo que

legalmente le era imposible), sino que abandonó la administración del territorio, entregando

de facto a la población saharaui a las fauces de sus vecinos expansionistas. Fue una retirada

vergonzosa, un acto de realpolitik en su acepción más cínica que dejó un vacío de poder

deliberadamente llenado por la infame Marcha Verde, una operación de anexión militar y

civil orquestada con maestría por el régimen alauí de Hassan II.

La gestión española, por tanto, no puede ser calificada sino de desastrosa y

moralmente reprobable. Se incumplió una promesa solemne, se traicionó la confianza de un

pueblo al que se le había garantizado un referéndum y se priorizaron unos intereses espurios

y cortoplacistas sobre los principios del derecho y la justicia. Esta mancha histórica, lejos de

haberse limpiado con el tiempo, se ha tornado más oscura con la política exterior de los

sucesivos gobiernos de la democracia española. La posición tradicional de "neutralidad

activa", ya de por sí una entelequia que escondía una aquiescencia tácita con el statu quo

marroquí, saltó por los aires con el reciente e inaudito viraje del actual gobierno presidido

por Pedro Sánchez. Al avalar el plan de autonomía marroquí como la base "más seria, creíble

y realista", España ha consumado una segunda traición, alineándose explícitamente con las

tesis del ocupante y asestando una puñalada final a la legalidad internacional y a las

legítimas aspiraciones del Frente Polisario y del pueblo saharaui. Este giro no es sino la

consecuencia lógica de una soberanía nacional menguante, una política exterior subalterna

dictada desde Washington y sometida al chantaje permanente de Rabat en materias como la

inmigración o la cooperación antiterrorista.

En definitiva, la responsabilidad española es ineludible y primigenia. El Estado

español no solo creó el problema al abandonar sus obligaciones, sino que ha contribuido

activamente a su perpetuación, demostrando una incapacidad crónica para articular una

política exterior soberana, valiente y coherente con su propia historia y con los dictados de la

legalidad internacional.

Una vez analizada la defección española como catalizador del conflicto, resulta

imperativo dirigir la mirada hacia el actor que ha ejecutado materialmente la ocupación y

que se beneficia de la parálisis internacional: el Reino de Marruecos. La monarquía alauí ha

construido su relato nacional moderno sobre la quimera del "Gran Marruecos", una fantasía

expansionista que reclama no solo el Sáhara Occidental, sino porciones de sus vecinos. Esta

ambición, lejos de ser un mero anhelo romántico, se ha traducido en una estrategia

implacable de hechos consumados, donde la Marcha Verde fue solo el primer acto de una

ocupación militar, demográfica y económica que dura ya casi medio siglo.

La actuación de Marruecos es la de una potencia ocupante clásica, contraviniendo

todas y cada una de las resoluciones de las Naciones Unidas y del Tribunal Internacional de

Justicia de La Haya, que en 1975 negó la existencia de vínculos de soberanía territorial entre

Marruecos y el Sáhara Occidental. Rabat ha erigido un muro de más de 2.700 kilómetros, el

"muro de la vergüenza", minado y vigilado, que divide el territorio y a las familias saharauis.

Ha promovido una política de asentamientos masivos para alterar la composición

demográfica de la región, un crimen de guerra según el derecho internacional. Y, por

supuesto, ha procedido a la explotación sistemática e ilegal de los ricos recursos naturales del

Sáhara Occidental (fosfatos, pesca, y potenciales reservas de hidrocarburos), en un claro acto

de expolio colonial que enriquece a la élite marroquí y a corporaciones multinacionales,

mientras el pueblo saharaui malvive en los campamentos de refugiados de Tinduf, en

Argelia, o sufre la represión en los territorios ocupados.

Sin embargo, esta audacia marroquí no podría sostenerse en el tiempo sin un

poderoso patrocinador en la escena global. Y aquí, como en tantos otros dramas geopolíticos,

emerge la figura de los Estados Unidos de América. Washington ha encontrado en

Marruecos a su gendarme regional predilecto, un aliado fiable en el Magreb que sirve como

dique de contención frente a otras influencias y como pieza clave en su estrategia para

Oriente Medio. La relación entre ambos países es un nexus de intereses militares,

económicos y estratégicos. A cambio de esta lealtad, Estados Unidos ha proporcionado a

Marruecos armamento sofisticado, apoyo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU

(donde Francia, antigua potencia colonial y con ingentes intereses económicos en Marruecos,

ejerce de cómplice necesario bloqueando cualquier resolución desfavorable) y, finalmente, el

reconocimiento explícito de su soberanía sobre el Sáhara.

El punto culminante de este patrocinio se produjo en diciembre de 2020, cuando la

administración de Donald Trump, en un acto de cinismo geopolítico sin parangón, reconoció

la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de que Rabat normalizase sus relaciones

diplomáticas con Israel. Este trueque, este do ut des que supedita el derecho inalienable de

un pueblo a los intereses estratégicos de una superpotencia, representa la bancarrota moral

de la diplomacia occidental. Se trata de un ataque frontal al multilateralismo y al orden

basado en normas, demostrando que para el imperialismo estadounidense, la legalidad

internacional es una herramienta a utilizar o a desechar según convenga a sus intereses

hegemónicos. La administración Biden, lejos de revertir esta decisión tóxica, la ha

mantenido, evidenciando el carácter estructural y bipartidista de esta alianza estratégica.

Por consiguiente, la situación actual es el resultado de una simbiosis perversa: el

expansionismo regional marroquí, alimentado por una ideología nacionalista, encuentra el

soporte y la legitimación necesarios en la estrategia imperialista de los Estados Unidos, que

prioriza la estabilidad de un régimen vasallo sobre los principios universales de justicia y

autodeterminación. El Sáhara Occidental se convierte así en una pieza de sacrificio en el gran

tablero de ajedrez global, una víctima cuya causa justa es un obstáculo para los designios de

los poderosos.

Llegados a este punto del análisis, tras haber desmenuzado las responsabilidades

históricas de España y la dinámica depredadora de la alianza marroquí-estadounidense, la

conclusión no puede ser otra que una condena rotunda e inequívoca de la situación actual.

Nos hallamos ante un cáncer geopolítico que metastatiza desde hace casi cinco décadas, una

injusticia cronificada que avergüenza a la comunidad internacional y, en particular, a las

naciones que se autoproclaman defensoras de los derechos humanos y la legalidad.

La tragedia del pueblo saharaui es multifacética. Por un lado, tenemos el drama

humano de cientos de miles de refugiados que subsisten en las condiciones más extremas en

los campamentos de Tinduf, dependientes de una ayuda humanitaria cada vez más

mermada, con generaciones enteras que no han conocido otra realidad que el exilio y la

espera. Su resistencia es un testimonio admirable de dignidad, pero también una acusación

viviente contra la indiferencia del mundo. Por otro lado, en los territorios ocupados por

Marruecos, la población saharaui sufre una represión sistemática: persecución de activistas

de derechos humanos, torturas, juicios sin garantías y una asfixiante anulación de su

identidad cultural y política. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el

Sáhara Occidental (MINURSO), presente en la zona, es un símbolo de la impotencia y la

farsa: es la única misión de paz de la ONU en la era moderna sin competencias para vigilar

los derechos humanos, una concesión inaudita a las exigencias de Rabat.

Desde una perspectiva socialista y materialista, la cuestión saharaui es un ejemplo

prístino de lucha anti-imperialista y de liberación nacional. Es la pugna de un pueblo

oprimido contra una potencia ocupante que actúa como sub-imperialismo regional al

servicio de los grandes capitales y de la hegemonía estadounidense. La explotación de los

recursos naturales del Sáhara no solo viola la soberanía del pueblo saharaui, sino que se

inscribe perfectamente en la lógica extractivista del capitalismo global, donde los recursos de

los débiles son puestos al servicio del enriquecimiento de una élite local y de las

corporaciones transnacionales. La defensa de la causa saharaui es, por tanto, una defensa de

la soberanía de los pueblos sobre sus recursos y de su derecho a decidir su propio modelo de

desarrollo económico y social, libre de tutelas neocoloniales.

La solución a este conflicto, que parece hoy más lejana que nunca, solo puede pasar

por el retorno a la senda de la legalidad internacional. Cualquier alternativa que no

contemple la celebración de un referéndum de autodeterminación libre, justo y transparente,

con un censo depurado y bajo supervisión internacional, no será más que la imposición de la

ley del más fuerte y la perpetuación de la injusticia. El plan de autonomía marroquí no es una

solución, sino la formalización de una anexión ilegal.

En definitiva, la situación del Sáhara Occidental es un espejo que nos devuelve una

imagen deformada y grotesca de nuestro orden mundial. Refleja la cobardía de las antiguas

potencias coloniales, la brutalidad de los expansionismos regionales, el cinismo de las

superpotencias y la inoperancia de los organismos internacionales cuando los intereses de

los poderosos están en juego. Condenar esta situación no es un mero ejercicio retórico; es

una exigencia ética y política para todo aquel que defienda la soberanía nacional, la justicia

entre los pueblos y el derecho inalienable de toda comunidad a ser dueña de su propio

destino. La causa del pueblo saharaui es la causa de la dignidad frente a la barbarie de la realpolitik.