Adamuz, ¿suceso fortuito o tragedia anunciada?

Resulta doloroso y profundamente indignante observar cómo, tras el terrible suceso acaecido en Adamuz, la maquinaria mediática y política se apresura a calificar de "accidente fortuito" lo que, a todas luces, tiene las marcas inconfundibles de una negligencia sistémica y prolongada. No estamos ante una jugarreta del destino ni ante una casualidad macabra que nadie podía prever, sino frente a la consecuencia lógica y material de haber abandonado el mantenimiento de nuestras infraestructuras estratégicas. Cuando un tren descarrila y se cobra vidas humanas o deja heridos a nuestros compatriotas, no es porque la mala suerte se haya cebado con nosotros, sino porque el Estado, que debería ser el garante supremo de la seguridad y el bienestar del pueblo, ha fallado en su misión más básica: asegurar que las vías por las que transita la clase trabajadora sean firmes, seguras y fiables.

Es imperativo señalar que esta tragedia no ha surgido de la nada, puesto que las advertencias estaban sobre la mesa mucho antes de que se produjera el desastre, y es aquí donde la responsabilidad política se torna criminal. Los maquinistas, esos trabajadores que conocen el pulso de la máquina y que sienten en sus propias manos las imperfecciones del terreno, ya habían avisado repetidamente sobre las extrañas vibraciones y el mal estado del trazado en ese sector, actuando con la responsabilidad que les otorga su oficio llevando a cabo medidas como exigir la disminución de la velocidad en estos tramos. Sin embargo, en el seno de un sistema liberal y burocratizado, esas voces de alerta fueron desoídas con una soberbia imperdonable por una clase política bicéfala pero igualmente inoperante: por un lado, aquellos que usurpan y ensucian el nombre del socialismo mientras importan la decadencia ideológica “woke” y fomentan divisiones identitarias estériles; y por otro, una derecha y ultraderecha que, con oportunismo carroñero, se limitan a instrumentalizar la tragedia para la rapiña electoral, demostrando ambos un desprecio absoluto por la seguridad material de los trabajadores.

La realidad es testaruda y, lamentablemente, la física no entiende de discursos bonitos ni de propaganda institucional, por lo que, si no se invierte en conservar el patrimonio ferroviario, el colapso termina llegando tarde o temprano. Nos encontramos ante el resultado de años de desmantelamiento de lo público, donde se ha preferido mirar hacia otro lado y dejar que nuestras infraestructuras envejezcan mal. Defender a España y a sus trabajadores no consiste en peleas superficiales en el Congreso, sino en garantizar que un padre de familia pueda coger un tren sin miedo a no volver a casa, exigiendo que el Estado recupere su fuerza planificadora y deje de jugar a la ruleta rusa con la vida de la gente común por pura desidia, como ya vimos con la DANA.

Este desastre debe servir, al menos, para despertar la conciencia colectiva y exigir un cambio de rumbo radical, donde se vuelva a poner el foco en la gestión eficiente, en la técnica y en el respeto a la vida humana por encima de la rentabilidad o el olvido administrativo. No fue un accidente, fue el precio del abandono, y es nuestra obligación moral señalar a los culpables de esta dejadez para que la memoria de las víctimas no sea enterrada bajo excusas baratas y comunicados oficiales vacíos de contenido. Al final, siempre llegamos a la misma conclusión: solo el pueblo salva al pueblo.